Antonio Camou
En la Argentina de los años sesenta y principios de los setenta el lenguaje en torno a la sexualidad que hablaban las jóvenes generaciones se codificaba en términos de “liberación” e inconformismo, pero llevaba en el orillo la marca de una heterosexualidad normalizada, y en muchos casos, un indisimulable sesgo machista. Los grupos feministas y las minorías sexuales transitaban por la marginalidad, y todas las fuerzas políticas –que ignoraban olímpicamente la cuestión- reproducían sin chistar la división heredada entre el mundo público y el privado, donde la vindicación sexual o la violencia doméstica quedaban estrictamente confinadas. Incluso existían poderosos canales simbólicos de comunicación entre sectores de izquierda y de derecha, quienes podían entonar a dúo “no somos putos / no somos faloperos”, aunque después cantaran canciones distintas y se enrolaran como soldados de mortales causas adversas.
La recuperación democrática traerá primero suaves vientos de cambio, pero lentamente irá configurando un nuevo marco interpretativo desde el cual redefinir la articulación entre ciudadanía, política, relaciones sexuales y derechos. Por esos años, y en el contexto de un cambio a escala global, las cuestiones sexuales comenzarán a ser habladas tanto desde la semántica de los derechos humanos como desde el paradigma de la salud (reproducción, SIDA, etc.), y más allá de sus puntos de convergencia o de tensión, esos nuevos modos de hablar y de pensar son los que nos han traído hasta aquí.
En ese derrotero de transformaciones un hito clave fue escrito hace casi un cuarto de siglo, en junio de 1987, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín logró sancionar la Ley de Divorcio. Entonces, como ahora con el proyecto de matrimonio igualitario, se esgrimieron argumentos apocalípticos en su contra, pero la sociedad argentina no se autodestruyó después de poner en práctica aquella norma.
En la actualidad, y más allá de las intemperancias exhibidas por algunos grupos, o las pretensiones de utilización política de la cuestión, vale destacar un signo de madurez democrática y republicana en vastos sectores de nuestra sociedad. Como afirmamos hace unos días quienes integramos el Club Político Argentino: “La ampliación del derecho al matrimonio a personas del mismo sexo es el resultado de la movilización, no sólo de los sectores directamente involucrados, sino también de numerosos ciudadanos y ciudadanas sensibles a la situación de injusticia y discriminación que representaba el cuadro legal preexistente. Esto es especialmente significativo porque tiene por base una convicción democrática y republicana: en una comunidad política nadie es plenamente libre mientras haya conciudadanos discriminados, y nadie disfruta de modo enteramente justo de sus derechos mientras existan minorías imposibilitadas de hacerlo”.
La Plata, 16 de julio de 2010. Publicado en el Diario DIAGONALES (La Plata), domingo 18 de julio de 2010.
En la Argentina de los años sesenta y principios de los setenta el lenguaje en torno a la sexualidad que hablaban las jóvenes generaciones se codificaba en términos de “liberación” e inconformismo, pero llevaba en el orillo la marca de una heterosexualidad normalizada, y en muchos casos, un indisimulable sesgo machista. Los grupos feministas y las minorías sexuales transitaban por la marginalidad, y todas las fuerzas políticas –que ignoraban olímpicamente la cuestión- reproducían sin chistar la división heredada entre el mundo público y el privado, donde la vindicación sexual o la violencia doméstica quedaban estrictamente confinadas. Incluso existían poderosos canales simbólicos de comunicación entre sectores de izquierda y de derecha, quienes podían entonar a dúo “no somos putos / no somos faloperos”, aunque después cantaran canciones distintas y se enrolaran como soldados de mortales causas adversas.
La recuperación democrática traerá primero suaves vientos de cambio, pero lentamente irá configurando un nuevo marco interpretativo desde el cual redefinir la articulación entre ciudadanía, política, relaciones sexuales y derechos. Por esos años, y en el contexto de un cambio a escala global, las cuestiones sexuales comenzarán a ser habladas tanto desde la semántica de los derechos humanos como desde el paradigma de la salud (reproducción, SIDA, etc.), y más allá de sus puntos de convergencia o de tensión, esos nuevos modos de hablar y de pensar son los que nos han traído hasta aquí.
En ese derrotero de transformaciones un hito clave fue escrito hace casi un cuarto de siglo, en junio de 1987, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín logró sancionar la Ley de Divorcio. Entonces, como ahora con el proyecto de matrimonio igualitario, se esgrimieron argumentos apocalípticos en su contra, pero la sociedad argentina no se autodestruyó después de poner en práctica aquella norma.
En la actualidad, y más allá de las intemperancias exhibidas por algunos grupos, o las pretensiones de utilización política de la cuestión, vale destacar un signo de madurez democrática y republicana en vastos sectores de nuestra sociedad. Como afirmamos hace unos días quienes integramos el Club Político Argentino: “La ampliación del derecho al matrimonio a personas del mismo sexo es el resultado de la movilización, no sólo de los sectores directamente involucrados, sino también de numerosos ciudadanos y ciudadanas sensibles a la situación de injusticia y discriminación que representaba el cuadro legal preexistente. Esto es especialmente significativo porque tiene por base una convicción democrática y republicana: en una comunidad política nadie es plenamente libre mientras haya conciudadanos discriminados, y nadie disfruta de modo enteramente justo de sus derechos mientras existan minorías imposibilitadas de hacerlo”.
La Plata, 16 de julio de 2010. Publicado en el Diario DIAGONALES (La Plata), domingo 18 de julio de 2010.
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