En la madrugada de la contundente derrota electoral, Néstor Kirchner señaló que la tarea de la hora era “profundizar la gobernabilidad”. Si bien un día después la presidenta se deshizo en elogios no correspondidos hacia la propuesta de “Pino” Solanas, y miró con grandes ojos avariciosos su buena cuota de diputados, se espera que la orientación efectiva del gobierno camine por senderos menos resbaladizos. Esto es, en vez de avanzar hacia el precipicio abrazados al lema “profundizar totalmente el modelo sin preocuparnos por la gobernabilidad”, sería mejor que la consigna del momento fuese algo así como “profundizar la gobernabilidad pero sin abandonar totalmente el modelo”.
La buena noticia de la semana es que la estructura de incentivos políticos alienta alguna esperanza de conformar un escenario medianamente razonable. En este sentido, podríamos decir que hay una zona de equilibrio de intereses convergentes que propicia el logro de acuerdos, aunque todavía no haya puntos claros de coincidencia. De un lado, la pareja gobernante no está dispuesta a dejar el poder, y del otro, a las diferentes oposiciones (peronismo disidente y sobre todo al pan-radicalismo) no les conviene ocuparlo. Y si bien por el momento ambos se rechazan, las dos partes de la ecuación política se necesitan para transitar el largo y escabroso camino que nos separa del 2011. En el caso del gobierno, razonablemente pretende seguir adelante pero no a cualquier precio, es decir, aceptando cualquier tipo de imposición de nombres o de políticas; en el caso de las oposiciones, requieren tiempo para organizarse, y lo que menos querrían en lo inmediato sería hacerse cargo del poder improvisadamente para efectuar el trabajo sucio de un inevitable ajuste.
Es claro que no los une el amor sino el espanto, pero un poco de unión siempre fue algo más que nada. De este modo, el gobierno requerirá apoyos en el Congreso para enfrentar un escenario socioeconómico complicado, pero la oposición necesitará que el oficialismo navegue por esta crisis sin encallar. Sería suicida para el peronismo disidente o para el “Acuerdo Cívico y Social” dinamitar la nave gubernamental, y un abrupto abandono del Ejecutivo por parte de los Kirchner sería un excelente pasaporte para ellos, y para buena parte de sus más encumbrados funcionarios, hacia un interminable desfile por los tribunales de Comodoro Py.
Ahora bien, no hay gobernabilidad sin consensos básicos entre los actores estratégicos de la sociedad: tanto de los actores político-institucionales -el Congreso, los gobernadores, los partidos y el Ejecutivo Nacional-, como de algunos actores sociales: empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales, etc. Esos acuerdos pueden parecer hoy de difícil elaboración pero no hace mucho tiempo enfrentamos un escenario semejante, y como lo han destacado algunos analistas en estos días, la memoria de lo acontecido puede resultar aleccionadora.
En los primeros meses del 2002 el país marchaba a la deriva. Fue entonces cuando el gobierno de Duhalde logró conjugar un esquema básico de poder para encauzar la crisis. En ese esquema fueron fundamentales la convocatoria a un amplio diálogo entre actores políticos, empresariales y de la sociedad civil; la implementación de un programa social de cobertura universal; y la designación de un ministro con probada solvencia técnica, autonomía de gestión y capacidad para generar confianza en los agentes económicos internos y externos. Pero esa trama de decisiones tuvo como marco el virtual pacto de gobernabilidad que el entonces presidente interino firmó el 24 de abril de 2002 con la mayoría de los gobernadores (no lo firmaron San Luis, la Ciudad de Buenos Aires y... Santa Cruz). El texto, bautizado como el documento de los “Catorce Puntos”, no constituyó ningún parteaguas en la historia del pensamiento político occidental, pero sirvió para fijar límites y definir orientaciones políticas clave. Aunque su contenido luce hoy desactualizado en varios rubros, y en otros testimonia el éxito de ciertos eficaces lobbistas, quizá recordar su contenido puede tener todavía alguna función inspiradora. Decía así:
Respetar los acuerdos internacionales de la Nación y reafirmar la vocación de integrar la Argentina al resto del mundo. 2) Firmar en un plazo no mayor de 15 días los acuerdos bilaterales con las provincias, dando cumplimiento al Pacto Fiscal suscripto oportunamente. 3) Elevar al Congreso de la Nación, en un plazo no mayor de 90 días, el proyecto de ley consensuado de un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos. 4) Propiciar las políticas fiscales y monetarias que mantengan la disciplina y los equilibrios necesarios que eviten la suba descontrolada de precios y la inestabilidad cambiaria. 5) Garantizar a los ahorristas, a través de instrumentos legislativos adecuados, la previsibilidad necesaria sobre el destino de sus fondos asegurando su liquidez. 6) Garantizar las acciones que restablezcan en forma inmediata un sistema financiero sólido y confiable. 7) Instrumentar un nuevo acuerdo de responsabilidad fiscal para la administración nacional, provincial y municipal que asegure su cumplimiento mediante un sistema explícito de premios y castigos. 8) Propiciar una reforma impositiva integral moderna y simplificada que aliente y estimule la inversión de capitales e impida la evasión, la elusión y el contrabando. 9) Propiciar la inmediata sanción de la ley de Quiebras. 10) Propiciar la inmediata derogación de la ley de Subversión Económica. 11) Propiciar la repatriación de capitales argentinos destinados principalmente a proyectos productivos con demanda de mano de obra intensiva. 12) Alentar las inversiones nacionales y extranjeras dedicadas a la exportación de productos manufacturados o a la sustitución eficiente de importaciones. 13) Asegurar el cumplimiento efectivo de la reforma política acordada, asegurando la reducción de gastos políticos y burocráticos innecesarios y la modernización de las formas de selección electoral. 14) Asegurar un mecanismo de asignación de planes de empleo convirtiéndolos en empleos efectivos a través del sector productivo.
A la vista de dónde venimos, y por dónde estamos, el futuro no parece tan oscuramente malo; lo único que nos anda faltando son los catorce puntos, una extendida disposición al diálogo y la decidida voluntad de acordar...
La Plata, 5 de julio de 2009.
La buena noticia de la semana es que la estructura de incentivos políticos alienta alguna esperanza de conformar un escenario medianamente razonable. En este sentido, podríamos decir que hay una zona de equilibrio de intereses convergentes que propicia el logro de acuerdos, aunque todavía no haya puntos claros de coincidencia. De un lado, la pareja gobernante no está dispuesta a dejar el poder, y del otro, a las diferentes oposiciones (peronismo disidente y sobre todo al pan-radicalismo) no les conviene ocuparlo. Y si bien por el momento ambos se rechazan, las dos partes de la ecuación política se necesitan para transitar el largo y escabroso camino que nos separa del 2011. En el caso del gobierno, razonablemente pretende seguir adelante pero no a cualquier precio, es decir, aceptando cualquier tipo de imposición de nombres o de políticas; en el caso de las oposiciones, requieren tiempo para organizarse, y lo que menos querrían en lo inmediato sería hacerse cargo del poder improvisadamente para efectuar el trabajo sucio de un inevitable ajuste.
Es claro que no los une el amor sino el espanto, pero un poco de unión siempre fue algo más que nada. De este modo, el gobierno requerirá apoyos en el Congreso para enfrentar un escenario socioeconómico complicado, pero la oposición necesitará que el oficialismo navegue por esta crisis sin encallar. Sería suicida para el peronismo disidente o para el “Acuerdo Cívico y Social” dinamitar la nave gubernamental, y un abrupto abandono del Ejecutivo por parte de los Kirchner sería un excelente pasaporte para ellos, y para buena parte de sus más encumbrados funcionarios, hacia un interminable desfile por los tribunales de Comodoro Py.
Ahora bien, no hay gobernabilidad sin consensos básicos entre los actores estratégicos de la sociedad: tanto de los actores político-institucionales -el Congreso, los gobernadores, los partidos y el Ejecutivo Nacional-, como de algunos actores sociales: empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales, etc. Esos acuerdos pueden parecer hoy de difícil elaboración pero no hace mucho tiempo enfrentamos un escenario semejante, y como lo han destacado algunos analistas en estos días, la memoria de lo acontecido puede resultar aleccionadora.
En los primeros meses del 2002 el país marchaba a la deriva. Fue entonces cuando el gobierno de Duhalde logró conjugar un esquema básico de poder para encauzar la crisis. En ese esquema fueron fundamentales la convocatoria a un amplio diálogo entre actores políticos, empresariales y de la sociedad civil; la implementación de un programa social de cobertura universal; y la designación de un ministro con probada solvencia técnica, autonomía de gestión y capacidad para generar confianza en los agentes económicos internos y externos. Pero esa trama de decisiones tuvo como marco el virtual pacto de gobernabilidad que el entonces presidente interino firmó el 24 de abril de 2002 con la mayoría de los gobernadores (no lo firmaron San Luis, la Ciudad de Buenos Aires y... Santa Cruz). El texto, bautizado como el documento de los “Catorce Puntos”, no constituyó ningún parteaguas en la historia del pensamiento político occidental, pero sirvió para fijar límites y definir orientaciones políticas clave. Aunque su contenido luce hoy desactualizado en varios rubros, y en otros testimonia el éxito de ciertos eficaces lobbistas, quizá recordar su contenido puede tener todavía alguna función inspiradora. Decía así:
Respetar los acuerdos internacionales de la Nación y reafirmar la vocación de integrar la Argentina al resto del mundo. 2) Firmar en un plazo no mayor de 15 días los acuerdos bilaterales con las provincias, dando cumplimiento al Pacto Fiscal suscripto oportunamente. 3) Elevar al Congreso de la Nación, en un plazo no mayor de 90 días, el proyecto de ley consensuado de un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos. 4) Propiciar las políticas fiscales y monetarias que mantengan la disciplina y los equilibrios necesarios que eviten la suba descontrolada de precios y la inestabilidad cambiaria. 5) Garantizar a los ahorristas, a través de instrumentos legislativos adecuados, la previsibilidad necesaria sobre el destino de sus fondos asegurando su liquidez. 6) Garantizar las acciones que restablezcan en forma inmediata un sistema financiero sólido y confiable. 7) Instrumentar un nuevo acuerdo de responsabilidad fiscal para la administración nacional, provincial y municipal que asegure su cumplimiento mediante un sistema explícito de premios y castigos. 8) Propiciar una reforma impositiva integral moderna y simplificada que aliente y estimule la inversión de capitales e impida la evasión, la elusión y el contrabando. 9) Propiciar la inmediata sanción de la ley de Quiebras. 10) Propiciar la inmediata derogación de la ley de Subversión Económica. 11) Propiciar la repatriación de capitales argentinos destinados principalmente a proyectos productivos con demanda de mano de obra intensiva. 12) Alentar las inversiones nacionales y extranjeras dedicadas a la exportación de productos manufacturados o a la sustitución eficiente de importaciones. 13) Asegurar el cumplimiento efectivo de la reforma política acordada, asegurando la reducción de gastos políticos y burocráticos innecesarios y la modernización de las formas de selección electoral. 14) Asegurar un mecanismo de asignación de planes de empleo convirtiéndolos en empleos efectivos a través del sector productivo.
A la vista de dónde venimos, y por dónde estamos, el futuro no parece tan oscuramente malo; lo único que nos anda faltando son los catorce puntos, una extendida disposición al diálogo y la decidida voluntad de acordar...
La Plata, 5 de julio de 2009.
2 comentarios:
Quizás no sea el lugar para comentarlo. Anyway, para eso están los blogs. Fijate, Antonio, que hay un patrón recurrente en los ciclos polítcos electorales en Argentina (y hoy, con el diario del Lunes, me atrevo a decir que son muy similares a México). Es sabido que las elecciones de medio término erosionan el caudal de votos de los presidentes. Las explicaciones son varias, auqnue no todas son posibles. Existe una discusión profunda, basada en evidencia empírica más o menos firme, sobre la teoría del desgaste del equipo gobernante, pero otra basada en los votantes periféricos. El tema es largo, y no quiero pecar de "eruditoide". La cuestión es que en Argentina (y el paralelo de México) es que las elecciones de MT le dan el poder de agenda a los gobernadores. En 1997 pasó algo así, en 2001 fue más que evidente, pero en ese entonces parecía algo excepcional que debía ser recompuesto reforzando la autoridad presidencial. Sin embargo, hoy con elecciones de medio término que erosionan el poder electoral "del presidente" pareciera que la agenda regresa a los gobernadores. Frente a este hecho, los brasileños eliminaron elecciones de MT y redujeron bastante el poder omnimodo de los gobernadores. Argentina y México no. Tengo una hipótesis.
Estimado Diógenes, muy interesante el planteo que realizas; coincido en que debemos avanzar hacia un estudio de cómo están evolucionando los regímenes políticos "realmente existentes", más allá de cierta consideración "abstracta" del debate entre presidencialismo y parlamentarios. Tengo la impresión, efectivamente, que estamos avanzando -de hecho- hacia esquemas más híbridos, pero sin la estructura normativa correspondiente. Con gusto leeré algún texto donde expongas las hipótesis que mencionas. Cordiales saludos y gracias por el comentario. AC
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