El sorpresivo e improvisado proyecto de adelantamiento de las elecciones legislativas para el próximo 28 de junio es probablemente la jugada más arriesgada de toda la vida política del matrimonio Kirchner. Si obtienen un triunfo electoral, habrán ganado un cierto margen de maniobra para capear una tormenta que, en una porción nada despreciable, ellos mismos siguen alimentando. Si pierden, habrán montado un aparatoso escenario para una eventual huída de sus compromisos de gobierno.
Claro que el camino al desenlace tiene todavía que superar algunos democráticos y republicanos “escollos”. En principio, la modificación de la fecha deberá ser aprobada por el Congreso Nacional; y luego, habrá que ver si se concreta la discutible candidatura de Néstor Kirchner –devenido en impostado pingüino bonaerense-para dar la madre de todas las batallas en la provincia de Buenos Aires.
En este marco, los distintos sectores de la oposición están quedando a la defensiva, entrampados en el irresponsable juego político de cortísimo plazo que le está imponiendo el kirchnerismo.
Mientras tanto, la dinámica de la crisis socioeconómica local y los perniciosos efectos de la crisis global, ya han comenzado a retroalimentarse mutuamente y a potenciarse.
¿Es posible salir de esta peligrosa encerrona? ¿Hay acaso un camino más productivo que la oposición puede comenzar a transitar? ¿Qué papel puede encarnar una amplia y diversificada ciudadanía independiente, que mira atónica estas maniobras electoralistas en la cornisa? Tal vez la respuesta, o al menos parte de ella, podamos encontrarla en el Congreso.
Quizá como en los aciagos días de la crisis de 2001-2002, y otra vez en el 2008, en virtud de su capacidad para procesar el conflicto entre el gobierno y los sectores agropecuarios, el Congreso está llamado hoy, nuevamente, a jugar un rol de la más alta responsabilidad institucional.
Buena parte de esa responsabilidad pasa en la actualidad por ensanchar el horizonte de toma de decisiones, por generar un sentido del tiempo político que no se agote en el cortoplacismo electoral. En momentos como los que vivimos se hace imprescindible producir una cierta visión de futuro consensuado, dibujar los trazos gruesos de una renovada orientación estratégica, abrir espacios donde las demandas y los conflictos comiencen a encontrar nuevos cauces institucionales de expresión y vías progresivas de resolución.
En este sentido, el Congreso es el ámbito idóneo para que las distintas fuerzas políticas acuerden un programa legislativo de consenso que parta de la base de recuperar sus atribuciones constitucionales, y que apunte a garantizar la gobernabilidad democrática del país en un contexto de fuerte zozobra socioeconómica, de alta incertidumbre internacional, y de evanescente poder político presidencial. Ese programa mínimo, incluso, podría servir para allanar el camino a la integración de ciertas candidaturas.
Algunas de esas iniciativas implican desandar los equivocados caminos por los que nos ha llevado el matrimonio gobernante; otras, en cambio, suponen llevar a la práctica una serie de positivos anuncios que el propio oficialismo hizo, pero que no ha concretado todavía, o que avanzan a marcha muy lenta.
Los componentes básicos de ese programa podrían incluir:
1. Acuerdo con los sectores agropecuarios en base al documento conjunto de la Comisión de Enlace del 12 de marzo de 2009;
2. Normalización inmediata del INDEC mediante una ley que garantice su autonomía institucional del Poder Ejecutivo Nacional;
3. Convocatoria a la Mesa del Diálogo Argentino para debatir con diferentes sectores de la sociedad y la política los grandes ejes de la agenda pública del país: desarrollo, integración al mundo, pobreza, empleo, seguridad, etc.;
4. Normalización de las relaciones con el Club de París y los organismos multilaterales de crédito, incluido el FMI;
5. Avanzar en la negociación con los tenedores de títulos externos (holdouts);
6. Respaldo a la independencia institucional de los órganos de control del Estado y combate a la corrupción, dejando sin efecto todos los intentos de limitación o intervención por parte del Poder Ejecutivo en sus estructuras, funciones o iniciativas (Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oficina Anticorrupción, AGN, etc.);
7. Derogación de la Ley de “blanqueo” de capitales;
8. Derogación de la reforma del Consejo de la Magistratura, retornando la constitución del cuerpo a su formato original;
9. Normalización de las relaciones con Uruguay en base a un acuerdo consensuado para superar el conflicto por la instalación de la planta de Botnia;
10. Fortalecimiento del MERCOSUR en el marco de una estrategia regional coordinada para enfrentar la crisis internacional.
Tanto las políticas económicas específicas para enfrentar la situación actual, como las políticas sociales, que antes de la agudización de la crisis ya parten de un piso de pobreza que ronda el 30% de la población, requieren de un marco creíble de reglas donde el equilibrio de poderes, el sistema de estadísticas nacionales o la seguridad jurídica no sean una rama degradada de la literatura fantástica. Una sociedad que a diario comprueba que en la política “todo vale”, se hunde paulatinamente en una anomia sin término.
Las próximas elecciones, en junio o en octubre, consagrarán a un puñado de ganadores y dejarán un tendal de perdedores, pero seguramente nuestros problemas nos estarán esperando, agravados, al día siguiente del acto comicial. Incluso bajo la hipótesis de un triunfo pírrico del kirchnerismo en tierras bonaerenses, el escenario postelectoral más probable a nivel nacional es que el oficialismo sufrirá una importante sangría de escaños, ya sea a manos de la Coalición Cívica y la UCR, ya sea a manos del PJ “suplente”. Por tal razón, nuestra dirigencia debe comenzar desde ahora a elaborar un núcleo estratégico de decisiones consensuadas para afrontar la crisis. De lo contrario, la sociedad en su conjunto estará nuevamente al borde de una peligrosa frustración, y los sectores más vulnerables padecerán la amarga combinación de malas políticas locales y de peores condiciones externas.
Frente a un Poder Ejecutivo que no hace del diálogo su práctica discursiva predilecta, que no se reúne con la oposición, que toma decisiones cruciales -e intempestivas- en el solitario vértice de una pirámide de poder que día a día muestra cimientos más endebles, el Congreso Nacional tiene una misión de enorme responsabilidad institucional. Confiemos en que estará a la altura de la circunstancias. Apoyémoslo activamente para que así sea.
La Plata, 16 de marzo de 2009.
Publicado en la página del Centro de Investigaciones Políticas: http://www.cipol.org/ y en el Blog del Club Político Argentino: http://clubpoliticoargentino.blogspot.com/
Claro que el camino al desenlace tiene todavía que superar algunos democráticos y republicanos “escollos”. En principio, la modificación de la fecha deberá ser aprobada por el Congreso Nacional; y luego, habrá que ver si se concreta la discutible candidatura de Néstor Kirchner –devenido en impostado pingüino bonaerense-para dar la madre de todas las batallas en la provincia de Buenos Aires.
En este marco, los distintos sectores de la oposición están quedando a la defensiva, entrampados en el irresponsable juego político de cortísimo plazo que le está imponiendo el kirchnerismo.
Mientras tanto, la dinámica de la crisis socioeconómica local y los perniciosos efectos de la crisis global, ya han comenzado a retroalimentarse mutuamente y a potenciarse.
¿Es posible salir de esta peligrosa encerrona? ¿Hay acaso un camino más productivo que la oposición puede comenzar a transitar? ¿Qué papel puede encarnar una amplia y diversificada ciudadanía independiente, que mira atónica estas maniobras electoralistas en la cornisa? Tal vez la respuesta, o al menos parte de ella, podamos encontrarla en el Congreso.
Quizá como en los aciagos días de la crisis de 2001-2002, y otra vez en el 2008, en virtud de su capacidad para procesar el conflicto entre el gobierno y los sectores agropecuarios, el Congreso está llamado hoy, nuevamente, a jugar un rol de la más alta responsabilidad institucional.
Buena parte de esa responsabilidad pasa en la actualidad por ensanchar el horizonte de toma de decisiones, por generar un sentido del tiempo político que no se agote en el cortoplacismo electoral. En momentos como los que vivimos se hace imprescindible producir una cierta visión de futuro consensuado, dibujar los trazos gruesos de una renovada orientación estratégica, abrir espacios donde las demandas y los conflictos comiencen a encontrar nuevos cauces institucionales de expresión y vías progresivas de resolución.
En este sentido, el Congreso es el ámbito idóneo para que las distintas fuerzas políticas acuerden un programa legislativo de consenso que parta de la base de recuperar sus atribuciones constitucionales, y que apunte a garantizar la gobernabilidad democrática del país en un contexto de fuerte zozobra socioeconómica, de alta incertidumbre internacional, y de evanescente poder político presidencial. Ese programa mínimo, incluso, podría servir para allanar el camino a la integración de ciertas candidaturas.
Algunas de esas iniciativas implican desandar los equivocados caminos por los que nos ha llevado el matrimonio gobernante; otras, en cambio, suponen llevar a la práctica una serie de positivos anuncios que el propio oficialismo hizo, pero que no ha concretado todavía, o que avanzan a marcha muy lenta.
Los componentes básicos de ese programa podrían incluir:
1. Acuerdo con los sectores agropecuarios en base al documento conjunto de la Comisión de Enlace del 12 de marzo de 2009;
2. Normalización inmediata del INDEC mediante una ley que garantice su autonomía institucional del Poder Ejecutivo Nacional;
3. Convocatoria a la Mesa del Diálogo Argentino para debatir con diferentes sectores de la sociedad y la política los grandes ejes de la agenda pública del país: desarrollo, integración al mundo, pobreza, empleo, seguridad, etc.;
4. Normalización de las relaciones con el Club de París y los organismos multilaterales de crédito, incluido el FMI;
5. Avanzar en la negociación con los tenedores de títulos externos (holdouts);
6. Respaldo a la independencia institucional de los órganos de control del Estado y combate a la corrupción, dejando sin efecto todos los intentos de limitación o intervención por parte del Poder Ejecutivo en sus estructuras, funciones o iniciativas (Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oficina Anticorrupción, AGN, etc.);
7. Derogación de la Ley de “blanqueo” de capitales;
8. Derogación de la reforma del Consejo de la Magistratura, retornando la constitución del cuerpo a su formato original;
9. Normalización de las relaciones con Uruguay en base a un acuerdo consensuado para superar el conflicto por la instalación de la planta de Botnia;
10. Fortalecimiento del MERCOSUR en el marco de una estrategia regional coordinada para enfrentar la crisis internacional.
Tanto las políticas económicas específicas para enfrentar la situación actual, como las políticas sociales, que antes de la agudización de la crisis ya parten de un piso de pobreza que ronda el 30% de la población, requieren de un marco creíble de reglas donde el equilibrio de poderes, el sistema de estadísticas nacionales o la seguridad jurídica no sean una rama degradada de la literatura fantástica. Una sociedad que a diario comprueba que en la política “todo vale”, se hunde paulatinamente en una anomia sin término.
Las próximas elecciones, en junio o en octubre, consagrarán a un puñado de ganadores y dejarán un tendal de perdedores, pero seguramente nuestros problemas nos estarán esperando, agravados, al día siguiente del acto comicial. Incluso bajo la hipótesis de un triunfo pírrico del kirchnerismo en tierras bonaerenses, el escenario postelectoral más probable a nivel nacional es que el oficialismo sufrirá una importante sangría de escaños, ya sea a manos de la Coalición Cívica y la UCR, ya sea a manos del PJ “suplente”. Por tal razón, nuestra dirigencia debe comenzar desde ahora a elaborar un núcleo estratégico de decisiones consensuadas para afrontar la crisis. De lo contrario, la sociedad en su conjunto estará nuevamente al borde de una peligrosa frustración, y los sectores más vulnerables padecerán la amarga combinación de malas políticas locales y de peores condiciones externas.
Frente a un Poder Ejecutivo que no hace del diálogo su práctica discursiva predilecta, que no se reúne con la oposición, que toma decisiones cruciales -e intempestivas- en el solitario vértice de una pirámide de poder que día a día muestra cimientos más endebles, el Congreso Nacional tiene una misión de enorme responsabilidad institucional. Confiemos en que estará a la altura de la circunstancias. Apoyémoslo activamente para que así sea.
La Plata, 16 de marzo de 2009.
Publicado en la página del Centro de Investigaciones Políticas: http://www.cipol.org/ y en el Blog del Club Político Argentino: http://clubpoliticoargentino.blogspot.com/
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